Comentarios a la nota de la AEAT sobre el IVA del Turno de Oficio

Como es sabido, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio de 2016, dictada en el Asunto C-543/14, la DGT se ha manifestado en al menos dos ocasiones acerca de la sujeción al IVA de los servicios prestados por los abogados y procuradores a los beneficiarios de la Justicia Gratuita. En sendas consultas (V0173-17 y V0179-17, de fecha 25 de enero de 2017) la DGT sostiene que los servicios prestados en el Turno de Oficio están sujetos al IVA, “considerando que los servicios de asistencia jurídica prestados por los abogados o procuradores a los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita son retribuidos no por dicho destinatario sino por un tercero, en este caso la Administración Pública competente, se llega a la conclusión del carácter oneroso de tales servicios, formando parte la base imponible de dicha prestación la retribución que perciban con cargo a fondos públicos por su intervención en el correspondiente procedimiento judicial”.

Se ha levantado cierta polvareda porque la AEAT ha emitido una nota publicada en su página web, el 3 de los corrientes, en la que literalmente afirma al respecto que “los servicios prestados por Abogados y Procuradores a los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita estarán sujetos y no exentos del IVA, debiendo repercutir en factura el IVA al tipo impositivo general del 21% a su beneficiario, destinatario de la prestación del servicio y siendo la base imponible la retribución que perciban con cargo a fondos públicos por su intervención en el correspondiente procedimiento judicial”. De esta expresión se ha sobreentendido que el beneficiario, destinatario de la prestación, es el justiciable (beneficiario a su vez de la justicia gratuita). Personalmente no tengo tan claro que la AEAT haya querido decir semejante cosa. Puede ser que el uso del término beneficiario en distintas dimensiones haya generado cierta confusión. También es posible que yo transite entre la ingenuidad y el atrevimiento, como decía Wilde.

Sea como fuere, dicho criterio, de interpretarse en el referido sentido, no podría compartirse por muchas razones. La primera viene dada porque no tiene sentido que el IVA lo pague aquél al que la ley pretende proteger. La segunda porque tampoco tiene sentido que el IVA lo soporte una persona distinta de aquella que viene obligada a pagar la contraprestación que constituye la base imponible del impuesto, considerando que la repercusión es un mecanismo esencial, al servicio de la neutralidad, que permite la traslación de la carga tributaria del sujeto pasivo al destinatario de las operaciones gravadas (artículos 38 de la LGT, 78, 88 y 164 de la LIVA). De ahí que deba realizarse una interpretación integradora del criterio expuesto por la AEAT con la doctrina que la DGT ha reiterado al respecto.

En efecto, la DGT tiene dicho de modo inveterado (en más de un centenar de ocasiones entre sus consultas vinculantes) que se debe considerar destinatario de las operaciones aquél para quien el empresario o profesional realiza la entrega de bienes o prestación de servicios gravada por el Impuesto y que ocupa la posición de acreedor en la obligación (relación jurídica) en la que el referido empresario o profesional es deudor y de la que la citada entrega o servicio constituye la prestación.

Al respecto, afirma la DGT, “cabe recordar que, según el concepto generalmente admitido por la doctrina, por obligación debe entenderse el vínculo jurídico que liga a dos (o más) personas, en virtud del cual una de ellas (deudor) queda sujeta a realizar una prestación (un cierto comportamiento) a favor de la otra (acreedor), correspondiendo a este último el correspondiente poder (derecho de crédito) para pretender tal prestación”.

Según la señalada doctrina, “cuando no resulte con claridad de los contratos suscritos, se considerará que las operaciones gravadas se realizan para quienes, con arreglo a Derecho, están obligados frente al sujeto pasivo a efectuar el pago de la contraprestación de las mismas (resolución de 23 de diciembre de 1986; BOE de 31 de enero de 1987)”.

Por poner algún ejemplo ilustrativo, en una reciente consulta (V2647-16, de 14 de junio), se aborda el caso de una entidad que reparte fruta a los alumnos de los centros escolares por cuenta de una Comunidad Autónoma que subvenciona su coste a través de la Consejería correspondiente, salvo el importe del IVA, que no es subvencionable. La entidad le plantea a la DGT quién debe ser el destinatario de la factura y el que, consecuentemente, debe pagar el IVA. La DGT, recordando los artículos 78 y 88 de la LIVA, así como el 38 de la LGT, acudiendo a la doctrina que acaba de reproducirse, concluye con que “la expedición de la factura por parte del consultante que realiza los suministros de la fruta a los colegios, tendrá por destinatario a la Comunidad Autónoma como sujeto obligado al pago de la misma, constituyendo la subvención la contraprestación de las referidas operaciones”.

También resulta interesante, a los efectos que nos conciernen, la consulta V0129-06, de 23 de enero, en la que una Diplomada en Trabajo Social se pregunta a quién debe repercutir el IVA por sus servicios en un caso en el que la Gerencia de Servicios sociales de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la junta de Castilla y León ha suscrito un convenio con el Consejo Regional de Diplomados en Trabajo social y asistentes sociales de Castilla y León, con el fin de que sus colegiados emitan informes que deberán llevar el visado colegial, correspondientes a actuaciones profesionales derivadas del Turno de Intervención Profesional. Concluye la DGT afirmando que “que el destinatario de la factura debe ser la Gerencia de Servicios sociales de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la junta de Castilla y León, con independencia de que el Colegio se encargue de la tramitación administrativa de la misma, dado que es el obligado frente al sujeto pasivo de efectuar el pago de la contraprestación”.

Creo que estos casos pueden servir para esclarecer el panorama (al menos así lo espero), sin abrumar a los pacientes lectores que hayan llegado hasta aquí.

Sentado lo anterior, cabe recordar que, conforme a lo previsto en el artículo 89.1 de la LGT[1], en relación con los artículos 12.3 y 88.5 de la LGT, el criterio de la AEAT está subordinado al de la DGT, tal y como por lo demás ha puesto de manifiesto el TEAC en reiteradas ocasiones (v. gr., Res. 01503/2014, de 15 de diciembre de 2015), cuya doctrina, a su vez, vincula, entre otros órganos, a la Administración tributaria del Estado (artículo 239.8 de la LGT).

Así las cosas, y dando por supuesto que el debate sobre el objeto de este comentario aún dará muchas vueltas, confiemos en que los que se sientan llamados a montar en esta noria recuerden a San Francisco de Sales: Lo que se hace con precipitación nunca se hace bien; obrad siempre con tranquilidad y calma.

[1] Este precepto se refiere a los efectos vinculantes de las consultas para los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos (AEAT, et al.), tanto a favor del consultante, como de cualquier obligado, siempre que en estos casos exista identidad entre los hechos y circunstancias de dicho obligado y los que se incluyan en la contestación a la consulta.

Los efectos “pro futuro” de la STC sobre las tasas judiciales.

Es conocida la Sentencia del TC, de 21 de julio de 2016, recaída en el recurso núm. 973/2013, presentado por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, declarando inconstitucionales determinadas cuotas fijas y variables de las denominadas tasas judiciales establecidas en el artículo 7 de la Ley 10/2012.

Dadas las fechas y el calor que nos acompaña, dejaré a un lado cualquier otra consideración, como las que podrían realizarse en torno a que la exención subjetiva sobre las personas físicas, introducida por el RDLey 1/2015, propicie la pérdida de objeto de las tasas cuyo hecho imponible, sin embargo, realizan (aún colea en mi memoria aquella STC 6/1983 que deslizó que sólo está reservado a la ley el establecimiento de exenciones, pero no su modificación o su supresión).

Iré al grano, por cortesía. ¿Pueden recuperarse las tasas satisfechas en estos años? Yo creo que sí. 

Verán, el TC, sigue una línea que, como recordaba esta misma mañana el venerable Maestro Vírgala (@eduardovirgala) en tuiter, arranca con la STC 45/1989, de 20 de febrero de 1989, que acabó con la tributación conjunta obligatoria de la unidad familiar en el IRPF). En aquella ocasión, el TC entendió que no eran revisables ni las cuestiones decididas mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada, ni tampoco, por exigencia del principio de seguridad jurídica, las establecidas mediante actuaciones administrativas firmes, pues la conclusión contraria entrañaría un inaceptable trato de favor para quien recurrió, sin éxito, ante los tribunales, en contraste con el trato recibido por quien no instó en tiempo la revisión del acto de aplicación de las disposiciones hoy declaradas inconstitucionales.

En la sentencia objeto de estas líneas, el TC acude a la misma idea, si bien es cierto que dando una voltereta con doble tirabuzón sobre su base argumental, al precisar el alcance en el tiempo de su declaración de nulidad. Para ello, como no puede ser de otro modo, se apoya en el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), al que responde la previsión contenida en el artículo 40.1 LOTC, según el cual las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes ‘no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada’ en los que se haya hecho aplicación de las leyes inconstitucionales.

Y añade que, “Más allá de ese mínimo impuesto por el art. 40.1 LOTC debemos declarar que el principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) también reclama que -en el asunto que nos ocupa- esta declaración de inconstitucionalidad solo sea eficaz pro futuro, esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme [SSTC 365/2006, de 21 de diciembre, FJ 8 –con cita de la anterior 54/2002, de 27 de febrero, FJ 9-; 161/2012, de 20 de septiembre, FJ 7; 104/2013, de 25 de abril, FJ 4].

En particular, no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aún no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedirle el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (art. 24.1 CE), deviniendo con ello firme la liquidación del tributo.

Ahora entramos en harina, pero reparen en el colofón, tan significativo: hemos apreciado que dichas tasas son contrarias al art. 24.1 CE porque lo elevado de esa cuantía acarrea, en concreto, un impedimento injustificado para el acceso a la Justicia en sus distintos niveles. Tal situación no puede predicarse de quienes han pagado la tasa logrando impetrar la potestad jurisdiccional que solicitaban, es decir, no se ha producido una lesión del derecho fundamental mencionado, que deba repararse mediante la devolución del importe pagado“. De semejante afirmación se infiere que quienes han pagado lo han hecho porque han podido, sin entrar a ponderar que el justiciable se haya servido del crédito, endeudándose para satisfacer la tasa, o sencillamente haya pedido un fraccionamiento de su pago, como explica aquí mi querido Raúl Gámez (@R_Gamez). En fin, ya lo decía Pascal, muy débil es la razón si no llega a comprender que hay muchas cosas que la sobrepasan.

Pero vamos al lío. La conexión entre los artículos 221.4 y 120.3 de la Ley General Tributaria (LGT), en el ámbito de las situaciones activas del contribuyente, establece el derecho subjetivo por antonomasia del particular frente a la Administración tributaria: la devolución de ingresos indebidos. En apretada síntesis, se trata de que el obligado tributario tiene derecho a solicitar la rectificación de una autoliquidación cuando considere que ésta ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, dando lugar, en su caso, a la devolución de los correspondientes ingresos indebidos.

Por tanto, la autoliquidación de una tasa puede rectificarse en los cuatro años siguientes a su presentación (artículo 66 c] de la LGT), de tal suerte que hasta entonces no puede hablarse en modo alguno de que el obligado al pago “la satisfizo sin impugnarla” y mucho menos aún de firmeza del tributo, como hace el TC, en tanto en cuanto su pago, vía autoliquidación, sigue siendo revisable hasta el transcurso de dicho plazo. Es más, uno tiene la impresión de que se mezclan conceptos, pues una cosa es la firmeza del procedimiento administrativo o judicial que se haya ventilado y por el que se haya satisfecho la tasa, y otra muy distinta es la de la propia tasa, cuya rectificación, en mi humilde opinión, puede instarse en cualquier momento dentro del plazo referido. Otra interpretación supondría negarle al contribuyente el ejercicio de un derecho consagrado legalmente a recuperar lo que es suyo, por haberse satisfecho sobre una base normativa declarada inconstitucional.

No se trata de una liquidación de un tributo que haya devenido firme, que es dónde parece que el TC se enfanga, bien porque no se haya impugnado en plazo, o porque exista resolución administrativa o judicial que haya puesto fin al proceso, dando lugar a esa firmeza, lo que fundamentaría su sostenimiento a pesar de ser contraria al ordenamiento jurídico. Se trata de una situación en la que el acreedor es el particular y tiene derecho a que su autoliquidación se revise normalmente conforme a los cauces establecidos. Nada más. Y el TC no puede negarle ese derecho, porque, paradójicamente, estaría legislando, al declarar la inaplicación de unas normas que conducen cabalmente al restablecimiento de una situación inicua. No es eso lo que entiendo que ha querido decir, a pesar de las dificultades que presenta la interpretación del FJ15 de la sentencia en cuestión.

Desconcierta aún más (si cabe) la referencia a que la declaración de inconstitucionalidad solo sea eficaz “pro futuro”, esto es,”en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme“. Parece que el TC incurre en una contradicción, dentro de la confusión que predomina en el fundamento de marras.

Termino. Prometo pensarlo mejor, cuando el calor y el agotamiento no lo impidan. Esta es sólo una impresión urgente, y así debe ser entendida. Ya saben lo que decía don Antonio García Gutiérrez: quien quiere acertar, aguarda…

 

Embargando, que es gerundio.

Hace algún tiempo me referí a las acometidas del servicio de recaudación del Ayuntamiento de Madrid. Decía entonces que debe existir entre sus aplicaciones informáticas una especie de modo u opción tipo “Panzerdivision”, cuya ejecución propicia que al aturdido ciudadano le lleguen, a veces como primera noticia, unas inmisericordes sábanas, demostrativas del nivel alcanzado por la papiroflexia, bajo el rótulo de “diligencia de embargo acumulada”, cuya legalidad se antoja más que dudosa y en las que no sería extraño hallar relacionadas, v.gr, infracciones de tráfico cometidas cuando el encausado usaba triciclo.

Y añadía que frente a semejante despilfarro de papelería (paradójicamente presentada en tonos verdes), puede uno interponer el recurso en la vía de revisión administrativa correspondiente, que a buen seguro será contestado con una somera alusión a las causas tasadas para impugnar una diligencia de embargo. Y el que puede se va a los Tribunales, y el que no acaba pagando, por las buenas o por las peores. Hoy mantengo, como hacía en aquel tiempo, que en ese actuar desaforado hay algo de estrategia, como la que practica el que juega a “la chica” en el mus. Vds. me entienden.

El caso es que en aquellas reflexiones no acerté del todo, pero casi. Lo cierto es que obra en mi poder una Resolución del Tribunal Económico Administrativo Municipal de la Villa, de 26 de febrero de 2016, que trata de poner coto a esta práctica desmedida e insolente, aunque lo hace de manera un tanto raquítica, al no advertir que determinadas providencias de apremio se notificaron en un lugar inadecuado, haciendo una lectura incorrecta e incompleta del artículo 110.2 de la LGT, cuya coda (“o en cualquier otro [lugar] adecuado a tal fin”) bien merece una severa crítica, habida cuenta de la ambigüedad que derrocha. No obstante, tiene a bien la Resolución dar la razón al contribuyente (eso que se denomina estimación parcial) en algunos aspectos lo suficientemente llamativos como para superar la cota de sensibilidad jurídica alcanzada por el Tribunal administrativo al que hago referencia. 

La Resolución no es plenamente satisfactoria, pero acota el uso desorbitado de las expeditivas sábanas, al menos en el colofón de la acción recaudatoria, exigiendo una cabal notificación de todos los actos que integran la vía ejecutiva; esto es, declarando la invalidez de las que suelen ser las únicas cuyo conocimiento por el contribuyente es inevitable; las que componen una suerte de réquiem patrimonial, en forma de embargo de cuentas corrientes (o asimilados).

Algo es algo. Pero es poco…

Tropezar dos veces en la misma piedra…

No es inusual que el contribuyente encuentre satisfacción a sus pretensiones, ya sea en la vía de revisión administrativa (vean la pág. 22 de la última memoria publicada), o en sede judicial (esto será lo más frecuente). No obstante, a veces ocurre que el resultado anhelado se convierte, paradójicamente, en un auténtico calvario, como el del mito de Sísifo según Camus (felizmente traído a este terreno por mi admirado magistrado don José Navarro Sanchís), al que, como es sabido, condenaron los dioses a empujar sin cesar una roca a la cima de una montaña, desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso, de lo que se desprende que habían pensado, con algún fundamento, que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza.

Demos un paseo para recordar. Hasta que el Tribunal Supremo le puso definitivo coto al asunto, mediante Sentencia de 19 de noviembre del 2012, aún se barruntaba en el foro la ingenua especie de que la Administración tenía una ocasión para comprobar la situación tributaria del contribuyente y acertar. De no hacerlo bien, el reproche consistiría en no poder volver a intentarlo, dándose por bueno lo declarado (o no) por el contribuyente. El TS, en la aludida Sentencia, dejó claro que no: “La estimación del recurso contencioso‑administrativo frente a una liquidación tributaria por razón de una infracción de carácter formal, o incluso de carácter material, siempre que la estimación no descanse en la declaración de inexistencia o extinción sobrevenida de la obligación tributaria liquidada, no impide que la Administración dicte una nueva liquidación en los términos legalmente procedentes, salvo que haya prescrito su derecho a hacerlo, sin perjuicio de la debida subsanación de la correspondiente infracción de acuerdo con lo resuelto por la propia sentencia“. Se acabó la denominada doctrina del “tiro único”.

El TS ha ido perfilando los detalles (v.gr., S de 29 de septiembre de 2014), particularmente centrados en el modo de resolver, desde un punto de vista procedimental, el segundo de los tiros disponibles; es decir, si se deben retrotraer las actuaciones hasta el momento en el que se ha producido el defecto, lo que encajaría dentro de los vicios formales, o si basta con dictar una liquidación en sustitución de la anulada, lo que se dejó para los casos en los que la anulación de una liquidación se produjera por razones sustantivas, materiales o de fondo.

El último retoque ha venido dado por la STS de 15 de junio de 2015 (doctrina que se reitera en la STS de 29 de junio de 2015), a cuyo FJ6 me remito, para no aburrirles, resumiéndose en que las cuestiones que puedan suscitarse en relación con la nueva liquidación que eventualmente fuera adoptada pertenecen, en principio y por definición, al ámbito propio de la ejecución de sentencias, que han de dilucidarse con arreglo y por los cauces previstos en los artículos 103 y siguientes de la Ley 29/1998.

Así las cosas, un sufrido contribuyente padeció la práctica de una liquidación por el IVA del ejercicio 2008. Como fuera que ésta se calculó prescindiendo de la mecánica liquidatoria del impuesto, siguiendo una doctrina consolidada, el TEAR le dio la razón, considerando que a efectos del IVA, la Administración tributaria sólo puede practicar liquidaciones que atiendan a un período de liquidación trimestral o, en su caso, mensual; sin que resulte admisible la práctica de liquidaciones en las que se considere, como período de liquidación, el año natural. Ciertamente, este es criterio que impone la Ley del IVA, en la que sólo se prevén períodos de liquidación trimestrales o mensuales. Otra cosa es que en la liquidación administrativa se determine la deuda mediante la suma algebraica de las liquidaciones correspondientes a cada período de liquidación (vid. el artículo 164.5 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria), pero ello no es óbice para que deba individualizarse la cuota correspondiente a cada uno de esos períodos si se quiere respetar la ley del IVA. Sobre este particular ya se expresó el TEAC con claridad en la Resolución de 29 de junio de 2010, por lo que no me extiendo.

Y aquí vuelve el calvario de Sísifo. En ejecución de la Resolución del TEAR de Madrid que daba la razón a aquel sufrido contribuyente, la Administración le requirió para que remitiera sus autoliquidaciones del IVA de 2008. Como quiera que su presentación en plazo causó el primero de los procedimientos y que, además, se volvieron a presentar en el seno de aquél, el enojado contribuyente apeló a su derecho a no aportar documentos ya presentados y que obren en poder de la Administración actuante (artículo 34 .1 h] de la LGT). Así las cosas, se le perpetró una liquidación ciertamente ingeniosa, consistente en dividir el resultado de la anterior, entre los cuatro periodos de liquidación que caracterizan al IVA, exigiéndole, como es natural, la misma cuota acumulada, más los correspondientes intereses de demora.

El sufrido contribuyente mantuvo la serenidad ante este “segundo tiro” y, tras el periplo de rigor, acabó en el TSJ de Madrid, que tuvo a bien dictar sentencia el día 24 de febrero de 2016, estimando las pretensiones deducidas con contundencia: “Lo que no podemos en modo alguno aceptar (es) que la liquidación que se practique por la Administración se limite a prorratear la cuota anual de IVA entre los cuatro trimestres de 2008, puesto que aunque la liquidación sea el resultado de la suma algebraica de diversos periodos impositivos, en la misma debe cuantificarse y liquidarse la deuda individualizada de cada uno de los periodos objeto de comprobación por el Impuesto sobre el Valor Añadido.

En consecuencia, la forma de proceder de la Administración carece de sustento normativo alguno por lo que ha de ser anulada“.

No obstante, para estupor de quien suscribe, añade: “debemos indicar que en el presente caso no podemos apreciar una actitud contumaz de la Administración tributaria, mas al contrario, la liquidación que ha sido anulada ha venido motivada en gran medida por la actitud renuente del recurrente de dar cumplimiento al requerimiento formulado por la Administración de aportar las declaraciones trimestrales” consintiendo que “la Administración tributaria pueda practicar nueva liquidación por los periodos legalmente previstos si no hubiera prescrito su derecho para ello“…

En resumen, queridos lectores, resulta que el ejercicio del derecho a no aportar documentos ya entregados (nada menos que las autoliquidaciones cuya presentación en tiempo y forma dieron lugar a la comprobación inicial), además de merecer la calificación de “actitud renuente”, habilita a la Administración para que dispare por tercera vez.

Ciertamente, el TSJ de Madrid explica por dónde van esos tiros, al expresar que “la facultad de la Administración para dictar liquidaciones es consecuencia de la obligación de pagar el impuesto que surge para el sujeto pasivo al producirse el hecho imponible. Así, las liquidaciones administrativas suponen una actuación dirigida a convertir esa obligación abstracta en un crédito tributario concreto, de manera que mientras subsiste la obligación que deriva del hecho imponible, la Administración puede girar liquidación para exigir dicho crédito hasta que se produzca la prescripción del derecho a practicar liquidación“.

No me extiendo más, pero reparen en que el argumento parece querer trasladarnos a un tiempo (no tan lejano) en el que el tributo se concebía como una prestación coactiva, con fundamento en una relación de poder, por cuya virtud el Estado sometía a sus súbditos.

Fue mi ilustrísimo tocayo, don Leopoldo Alas, quien prologara la traducción de “La Lucha por el Derecho” de Ihering, a instancia de don Adolfo Posada. El gran Clarín aludió en aquellas páginas, con motivos muy distintos, a los sofismas enervantes de la inercia y del marasmo…

¡Bienvenido Mr. Keynes!

Esta misma mañana he leído en la prensa que la OCDE reclama menos austeridad y más gasto público, destinado a inversiones (se aclara), lo cual tiene sentido porque si se incrementa el gasto corriente (que es lo más sencillo y rentable políticamente) es imposible conseguir que esos multiplicadores fiscales tan cacareados hagan juego (y menos aún en un escenario completamente adverso para ello). Aparte de que un incremento discrecional del gasto público suele quedarse a vivir y seguirse de inevitables subidas de impuestos que acaban por obturar cualquier posibilidad de crecimiento. No parece, en fin, que la incontinencia en gastos de funcionamiento conduzca a nada bueno. Otra cosa sería, de resultar viable, incrementar la inversión pública atinadamente, con efectos positivos sobre la productividad y el empleo. Se trataría, en suma, de anticipar gastos que en todo caso habrían de acabar realizándose en el futuro. Por ahí, creo, iban los tiros epistolares que en 1932 se cruzaron los ilustres economistas de Cambridge, Pigou, Keynes & Co., contestados por Hayek, Robbins & Co. desde la London School of Economics.

Sobre quién tenía razón se ha escrito mucho y bien. No seré yo quién se meta en ese charco. Solo diré que en el corto plazo puede que tuvieran razón en Cambridge, pero no tanto en el largo. Eso he leído con fundamento.

Pero esta controversia no motiva el título del post. Verán, corría el año 1930, cuando en su 8 de junio se plantó Keynes en Madrid para pronunciar una conferencia (el día 10) en la Residencia de Estudiantes. Respondía a la invitación cursada por el Duque de Alba, presidente a la sazón del Comité Hispano-inglés y ministro de Instrucción Pública. La disertación llevaba un título ciertamente inquietante: “Las posibilidades económicas de nuestros nietos”. La llegada de Keynes, como es natural, no pasó inadvertida, y la prensa se hizo un oportuno eco de ella, reproduciendo alguna entrevista digna de interés. El diario “Debate”, el mismo día de tan eminente deposición, tituló la noticia con el siguiente entrecomillado: “La Ciencia Económica no vivirá más de un siglo según Keynes. Para entonces la técnica habrá resuelto todos los problemas económicos. Pero ahora la economía es de una importancia excepcional. Una fuerte Escuela de Economía es absolutamente necesaria en una nación”. Interesante apreciación que no termina de antojarse acertada, al menos en la primera de sus aseveraciones. También se habló, (¡cómo no!) de la crisis, del desempleo, del proteccionismo y de la depreciación de la peseta, que andaba desplomándose tras las subidas provocadas por movimientos de dudosa reputación en 1927.

Al respecto, en sus múltiples entrevistas Keynes sugirió no forzar las cosas, “siempre es perjudicial cambiar el valor de la moneda cuando esto significa alterar el nivel de rentas y salarios” y al hilo de esto espetó: “Francamente, en un periodo de baja mundial de los productos como el que ahora atravesamos, no me parece en modo alguno que la baja de la peseta sea un signo de debilidad”. También mencionó que había que facilitar y abaratar el crédito y hacer uso de otros recursos, considerando que “no se mantienen las reservas de oro como las obras de arte en un museo, sino para hacer uso de ellas en provecho de la nación cuando surgen ocasiones importantes”. Cuentan que Romanones y su tropa lo pusieron a parir, hasta el extremo de que algún paisano llegó a referirse a él como el “nuevo Drake”, que intentaba apoderarse de nuestro oro… Keynes pulsó dónde duele: ¡un signo de debilidad! De eso por estos pagos ni hablar.

Por lo demás, en aquella conferencia se mostró optimista con el futuro económico a largo plazo (ya saben, todos muertos).

 

PS. Este post responde al impulso de un diletante de las Ciencias Sociales (@Elkatzer), al que muestro por este conducto mi gratitud.

¿Hacienda no somos todos?

La Hacienda pública Estatal, en su dimensión objetiva, está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde al Estado.

Yerra el artículo 5.1 de la Ley General Presupuestaria al atribuirle esa titularidad a la Administración General del Estado, por cuanto ésta no actúa por un interés propio o particular, o en defensa de algo “suyo”, sino que, como es conocido, sirve con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (artículos 9.1 y 103.1 de la CE).

No obstante, aparte del eslogan publicitario que todos habíamos interiorizado a la fuerza (nunca mejor dicho, dura lex sed lex), al que la Abogacía del Estado ha puesto en su lugar en las cuestiones previas del caso Noos, lo cierto es que el propio Tribunal Constitucional nos ha inducido desde hace tiempo a pensar que la propaganda lanzaba un mensaje acertado, al reiterar que “lo que unos no paguen debiendo pagar, lo tendrán que pagar otros con más espíritu cívico o con menos posibilidades de defraudar” (SSTC 110/1984; 76/1990; 50/1995), deslizando la impresión (quizá desafortunada, pero no menos realista) de que lo que se deja de recaudar por causa de la defraudación lo compensan, en un ejercicio de equilibrio que desintegra de un papirotazo los principios de justicia tributaria, aquellos que cumplen cabalmente con su deber de contribuir (éste sí, un deber general).

Sobre esta base, y sin perjuicio de las posturas adoptadas en relación con el bien jurídico protegido en los delitos tributarios (el patrimonio de la Hacienda Pública, sus derechos de crédito, el sistema fiscal, el poder tributario, la función tributaria, el orden público económico, siquiera de forma mediata, etc.), lo cierto es que cuesta entender que, a pesar de que incida directamente sobre derechos de titularidad Estatal, pueda argumentarse que no nos hallamos ante una delito pluriofensivo que afecta a bienes de carácter metaindividual, o, cuando menos, admitir que encaja en esos interessi diffussi que acuñó Filippo Sgubbi, para lo que basta con aceptar que defraudar al fisco conlleva, bien un menoscabo de los servicios prestados por el sector público (a cuyo sostenimiento estamos todos llamados), bien un incremento de la presión sobre aquellos que cumplen cabalmente con sus obligaciones fiscales con el fin de mantener el nivel de esos servicios.

Soy consciente de que el argumento puede calificarse de reduccionista, y de que su presentación es perfectible (yo también sé ponerme estupendo, pero no es este el lugar indicado, a vuelapluma), como también lo soy de que no tiene sentido una doctrina que parece tener fundamento en la idea de que se protege un patrimonio individual o singular, de suerte que dependa del criterio de quienes tienen por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, o asumir la función de representar y defender en juicio al Estado (dicho sea desde el debido respeto), que se llegue a juzgar a quien se le impute la comisión de un delito tributario, pues si bien es discutible que Hacienda seamos todos (dicho así, me refiero), es seguro que todos padecemos sus quebrantos… 

Según hemos podido saber hoy, merced al Auto dictado por la Audiencia Provincial de Palma (ejemplar cortesía del diario El País), cuya extensión merece una lectura más sosegada, parece que por ahí van los tiros.

Medio millón de páginas después…

Hace aproximadamente medio millón de páginas de Boletines oficiales que no escribo una nota en el blog (verán que no exagero). Es de agradecer que no me hayan dado de baja la cuenta en este periodo, en el que me han sucedido algunas cosas, como haber tenido la inmensa suerte de aterrizar, en compañía de otros, en un despacho cuyos integrantes nos han acogido tan calurosamente que uno tiene la sensación de frecuentarlo desde hace mucho más tiempo del que ha transcurrido. Quede mi gratitud por escrito.

Los cambios distraen de lo que no es urgente, y este humilde blog ha pagado las consecuencias. No obstante, al advertir que durante mi vacatio blogis han ocurrido acontecimientos de interés superlativo (por no entrar en detalles, ahí tienen la reforma de la LGT), he decidido volver a este ruedo con cierta regularidad (como siempre sin mayor pretensión que la meramente divulgativa), imponiéndome el límite de la concisión, con el fin de no aburrir a los contados familiares y amigos que me leen (agradecido de antemano).

Y así las cosas, aprovecho esta entrada para mostrar mi estupor ante los datos sobre producción normativa que aportó hace poco mi admirado Javier Gómez Taboada en el diario Atlántico, de los que ya di cuenta en tuiterland, dónde habito virtualmente. Ojo: en el período 2011-2015 se publicaron 41 leyes orgánicas; 128 leyes; 76 reales decretos-leyes y 9 decretos legislativos. Es cierto, como tuvo a bien apuntarme amablemente Fernando de la Hucha (@delahucha), que de las leyes habría que descontar las que son conversión de reales decretos-leyes (de no haberlo hecho el propio Javier en su escrutinio), pero la cuenta seguiría saliendo demasiado elevada en cualquier caso. Cabe suponer que la actual coyuntura llevará aparejada una moderación (al menos transitoria) del ritmo, porque el pasado recuerda a aquella sentencia atribuida (creo que sin fundamento) a Séneca: “El verdadero héroe de algunas obras literarias es el lector que las aguanta”. En este caso, miren por dónde, podríamos ser todos, por aquello de que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento (en fin…). Sobre este diluvio normativo ya me despaché aquí. No insisto más.